Un grupo de padres de familia denunció la manera sistemática como fueron engañados por parte de un entrenador de voleibol que, amparado bajo la ‘academia’ Covoley les exigió altas cuotas para instruir a sus hijas, además de requerirles dinero para unos supuestos uniformes que jamás entregó.

Los padres responsabilizan de este grave hecho a Adolfo Rafael Barros Caicedo, quien en Instagram creó el grupo @Covoley que denomina ‘club internacional de voley playa’.

El hecho es que este club no se encuentra registrado en la Liga de Voleibol del Atlántico, tal como lo certificó la Secretaria Dignataria de la misma, Esther Julio Acuña: “Nunca ante esta liga se ha registrado o afiliado un organismo denominado escuela, academia o club deportivo de voleibol con el nombre Covoley. Además, el nombre Covoley no ha existido en esta liga para ninguna actividad interna o externa y no ha existido tampoco ninguna clase de relación de esta liga con persona alguna con el nombre Covoley, o con este nombre para cualquier efecto”.

Tampoco aparece registrada en la Secretaría Distrital de Recreación y Deportes, tal como lo certificó el Asesor de ese despacho, Alain García Miranda: “En atención al asunto de la referencia, nos permitimos indicarle que revisada la base de datos que contiene el inventario de los expedientes administrativos de los diferentes clubes deportivos del Distrito de Barranquilla, no se encontró registró alguno referente a la inquietud por usted esbozada en el escrito petitorio”, le responde el funcionario a Sandra Cervantes, quien presentó la solicitud.

Pese a ello, Adolfo Rafael Barros Caicedo, inexplicablemente, cuenta con permisos para usufructuar las canchas de Buenavista y Villa Santos. En las oficinas distritales le explicaron a los padres que Barros Caicedo siempre tramita los permisos a título personal y no de ninguna academia.

Allí ha logrado reunir grupos de menores entre 10 - 15 años y de 6 - 8 años, que superan los 40. Por cada niña exige una mensualidad que oscila entre los 120 mil y 210 mil pesos. Adicionalmente, les exigió $90 mil por cada niña para los uniformes que no entregó.

“Siempre argumentó que el proveedor le quedó mal”, recalcaron. Los padres pudieron verificar, con los clubes legalmente constituidos, que los costos eran menores e incluían los uniformes.

“Es tanta su sagacidad que juega con la ilusión de nuestros hijos y de los mismos padres”, comentaron Rafael Quintero Bernal y Sandra Cervantes, quienes se atrevieron a visibilizar el caso para que otras familias no sean víctimas de este engaño.

De Barros Caicedo también alertaron sobre su comportamiento sospechoso. “Le preguntaba a las niñas sobre los quehaceres de sus padres y luego se enfocaba a ‘trabajar’ a los padres y les hablaba de la evolución de las niñas. Con base en esa ‘exploración’ a los padres siempre les planteaba colaboración para ciertas actividades”, indicaron.

Como por ejemplo, un campamento de verano para el que exigió $200 mil por niña “y hasta hizo creer que venían figuras nacionales e internacionales, pero realmente lo que le hicieron fue un favor porque esas personas se encontraban de vacaciones y no fue que el las contrató para eso”.

Desconocen las razones por las cuales Barros Caicedo llegó a Barranquilla después de estar trabajando en Miami.

La actitud de Barros Caicedo fue motivo para que los padres comenzaran a indagar sobre sus actividades, teniendo en cuenta algunas situaciones que han ocurrido y puesto en riesgo la integridad de las menores.

Uno de esos casos ocurrió en el sector de Buenavista. “Allá llegó una persona en un taxi y le hizo un fuerte reclamo para que le pagara una deuda que tenía pendiente”.

Algo parecido volvió a ocurrir con otra persona con la que tendría una alta deuda desde las Fiestas del Mar en Santa Marta.

Para los padres de familia, “estas son situaciones representan un peligro y ponen en grave riesgo a nuestras niñas”.

Lo que también llama la atención es que el propio Barros Caicedo ha usufructuado bienes de los padres.

Fue así como se le alquiló un apartamento amoblado, por $1,6 millones mensuales, luego lo subarrendó y lo tuvieron que sacar por falta de pago, dejando deudas por casi $1,5 por concepto de servicios públicos.

A otro padre le alquiló un vehículo para su movilización. “Tampoco pagó el valor y el vehículo lo dejó tirado en un parqueadero, con las llaves en la portería, para que su dueña lo reclamara. El vehículo registra un comparendo y daños valorados en $4,5 millones”.

La misma suerte corrió la confeccionista de los uniformes, a quien tampoco le pagó. “En un restaurante cercano también quedó debiendo $600 mil y tampoco pagó un colchón que había comprado: cuando fueron a cobrarlo ya él se había ido”.

A ello suman el hecho de que los productos que le daban los patrocinadores no eran entregados a las niñas ni tampoco rendía cuenta por ellos.

“No podemos permitir que esta clase de personas se siga aprovechando de la gente, de la ilusión de nuestros hijos. Realmente esto es una estafa”, puntualizaron.